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10/06/2021

Comparecencia. Presentación en el Congreso de las memorias 2019 y 2020

El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha comparecido esta tarde en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso para presentar las memorias de actividades de los años 2019 y 2020.

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El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, ha comparecido esta tarde en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso para presentar las Memorias de Actividades del Consejo correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 y para informar sobre las cuestiones planteadas por varios grupos parlamentarios en sus correspondientes iniciativas.

Rodríguez ha expuesto resumidamente los aspectos más relevantes de las memorias del Consejo y, en concreto, ha centrado la primera parte de su intervención en informar sobre dos ámbitos: la evaluación del grado de aplicación de la ley de transparencia y la resolución de las reclamaciones presentadas en defensa del derecho de acceso a la información pública.

Respecto a las actividades de evaluación del año 2019, ha explicado, por un lado, el gran valor y utilidad de MESTA(Abre en nueva ventana) , metodología propia del Consejo de Transparencia para la evaluación; y, por otro, la evolución positiva en el índice de cumplimiento (que ha pasado de 62% en el año 2018 a un 77,3% en el 2019). En relación con la tramitación y resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información, el presidente del Consejo ha resaltado el aumento sostenido de las reclamaciones recibidas . Así, en 2015 fueron 517 y en 2018 ya se habían elevado a 1338. En el año 2019 se registraron 1780 y en 2020, un número ligeramente inferior, 1704.

A continuación, Rodríguez ha destacado dos cuestiones incluidas en la memoria del año 2020 y que “reflejan otras tantas disfuncionalidades en las gestión de las solicitudes de acceso a la información pública”. En primer lugar, el elevado número de reclamaciones que se presentaron porque las solicitudes de acceso a la información fueron desestimadas por silencio administrativo ‒en el ámbito estatal fueron el 47 % y en el autonómico del 70% ‒. Y, en segundo lugar, la excesiva preponderancia de los motivos formales frente a los materiales en la denegación de las solicitudes de acceso a la información, situación que se utiliza como “recurso fácil para evitar la mayor complejidad de valorar la aplicación de los límites de los artículos 14 y 15, que requieren una ponderación razonada y una justificación suficiente y clara”.

Otra cuestión que ha abordado el presidente del Consejo es el cumplimiento de las resoluciones del organismo. El Consejo ha reforzado este ámbito y eso ha producido una reducción en 10 puntos del porcentaje de incumplimiento aunque, ha matizado Rodríguez, “queda mucho por mejorar en este terreno” y prosigue: “esta es una de las cuestiones capitales que deberán abordarse en el proceso de reforma de la ley de transparencia “.

Además, el presidente José Luis Rodríguez ha tratado otras cuestiones relacionadas directamente con la situación actual del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y ha pedido “completar la creación de la institución. En ese sentido, ha recordado que el organismo nació en un contexto de crisis económica y austeridad y que en los siete años de funcionamiento el presupuesto , que está a la cola con respecto a otras Autoridades Administrativas Independientes, no solo no ha mejorado sino que ha empeorado sensiblemente. Y con respecto a los recursos humanos, el Consejo de Transparencia cuenta con un plantilla de 24 personas, casi idéntica a la que recibió como dotación inicial y que “es notoriamente insuficiente para que el Consejo gestione de manera eficiente la carga de trabajo actual que, además, como ya he indicado, se ha incrementado sensiblemente en lo que va de año”. Esta falta de medios materiales y personales ha sido denunciado en varios informes de relevantes organismos tanto nacionales como internacionales.

Por último, el compareciente ha puesto de manifiesto cómo afecta la precariedad de recursos a la dificultad de cumplir eficazmente con las funciones que tiene encomendadas. "Para que el Estado español cuente con un órgano garante de la transparencia y del acceso a la información pública alineado con sus homólogos europeos y que cumpla con los estándares exigidos por la Unión Europea y el Consejo de Europa urge completar la creación del Consejo", ha concluido José Luis Rodríguez Álvarez.