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20/10/2020

El Tribunal Supremo confirma la resolución del Consejo de Transparencia sobre la obligación de informar de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT)

imagen de la sentencia

El Tribunal Supremo avala que informar sobre las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) con identificación de los ocupantes es una obligación legal que no afecta a los datos personales ni a las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control. Además, confirma que el acceso a la información para Delegados de Personal y Juntas de Personal se rige por la ley de transparencia y no solamente por la regulación específica del EPEP.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que interpuso la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), por el que se solicitaba la anulación de la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmaba la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno(Abre en nueva ventana) instando a informar sobre las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) del organismo.

Este fallo, por tanto, confirma la sentencia en primera instancia del Juzgado Central de lo contencioso-administrativo nº 6 de Madrid,(Abre en nueva ventana) en la que se daba la razón al Consejo de Transparencia que estableció en su resolución que informar sobre las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) es una obligación legal que no afecta a los datos personales ni a las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control.

Confirma así el Alto Tribunal los argumentos  del Consejo de Transparencia y establece, por un lado, que la Ley de Transparencia ampara el acceso a la información por parte de los Delegados de Personal y Juntas de Personal y, en este sentido, y en relación a la regulación en el Estatuto Básico del Empleado Público de las obligaciones de la Administración remitir información a los representantes de los trabajadores, afirma que "el mero hecho de ser destinatario natural de una información concreta no equivale limitar su derecho a solicitar una información pública distinta".

Y, por otro lado, recuerda, con respecto a los límites al acceso a la información, que "la aplicación de los límites al acceso a la información requiere su justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida. Pero lo cierto es que nada de ello se hizo por la Administración afectada, que inicialmente no contestó a la petición de información y cuando lo hizo no se incluía referencia alguna al ahora pretendido peligro para las funciones de inspección y control" así como que "en definitiva, la transparencia y publicidad tanto los objetivos perseguidos por un ente público y su grado de cumplimiento como de los criterios de distribución de los fondos públicos, en este caso relacionados con el reparto de la retribución por productividad entre los empleados, tiene especial importancia para la ley".

Finalmente, y en relación a las RPT con identificación de los ocupantes, objeto de solicitud, el Supremo aclara que, al tratarse de datos vinculados a la profesión de quienes desempeñan sus labores en los puestos de la Administración Pública y están a su servicio, tienen un carácter esencialmente público. Por consiguiente, estamos ante datos que no exigen del consentimiento del afectado para ser recabados "pues los elementos personales guardan relación con aspectos tales como la formación, titulación, y especialización, siendo también necesarios para delimitar las circunstancias de las vacantes, su cobertura, orden de prioridades, sistemas de sustitución y de promoción, etc.".

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo realiza de nuevo una interpretación amplia del derecho de acceso a la información y, por lo tanto, restrictiva de la disposición adicional primera de la ley y de sus límites. Así, avala por cuarta vez, el criterio mantenido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en sus resoluciones. 

 

Historia del proceso

En marzo de 2017, la Junta de Personal presentó una solicitud de acceso a la información dirigida a la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Valencia, que tenía por objeto conocer el catálogo actualizado de puestos de trabajo ocupados y vacantes en la provincia de Valencia.

La AEAT denegó el acceso, entendiendo que dicha información ponía en riesgo la sanción de ilícitos penales o administrativos en la lucha contra el fraude, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control y afectaba a los datos de carácter personal.

Presentada reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la estimó, puesto que informar sobre las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) es una obligación legal que no afecta a los datos personales ni a las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control.

El Consejo estimó la reclamación presentada  por considerar que el acceso a la información para Delegados de Personal y Juntas de Personal se rige por la Ley de Transparencia y no solamente por la regulación específica recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público y que informar sobre las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) es una obligación legal que no afecta a los datos personales ni a las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control.

El Juzgado Central contencioso-administrativo nº 6 de Madrid dio la razón al Consejo de Transparencia pero la Audiencia Nacional estimó en parte el recurso de apelación que interpuso en organismo. Ahora, el Tribunal Supremo anula tal recurso de apelación, dando la razón al Consejo de Transparencia.

Tribunal Supremo. Sentencia 1338/2020 sobre el recurso de casación 3846/2019 (1657  KB)Icono pdf

Sentencia en apelación nº 78/2018 de la Sala de lo contencioso-administrativo sección 7ª de la Audiencia Nacional (585  KB)Icono pdf

Sentencia nº 82/2018 Juzgado Central contencioso-administrativo nº6 (284  KB)Icono pdf

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (502  KB)Icono pdf