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15/06/2020

El Tribunal Supremo confirma las resoluciones del Consejo de Transparencia sobre las productividades de la AEAT solicitadas por las Juntas de Personal

imagen de la sentencia

El Tribunal Supremo sostiene que el Estatuto Básico del Empleado Público no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el régimen general de acceso a la información contenido en la Ley de Transparencia ni condiciona el acceso a la información que las Juntas de Personal pueden tener en relación con aquellas materias relativas los empleados que representan y la información que les atañe.

La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que interpuso la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmaba las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cuyo objetivo era conocer  los repartos de las bolsas de productividad, baremada por objetivos y por desglose de grupos funcionariales de la Delegación de la Agencia Tributaria en Valencia.

Con esta sentencia se vuelve a dar la razón al Consejo, por tercera vez, ya que, tanto en primera instancia como en apelación ante la Audiencia Nacional, se desestimaron los recursos que la Abogacía del Estado interpuso contra las resoluciones del Consejo de Transparencia.

La importancia de esta sentencia radica, por un lado, en que el Alto Tribunal considera, tal y como estableció el Consejo de Transparencia, que el acceso a la información para Delegados de Personal y Juntas de Personal se rige por la ley de transparencia y no solamente por la regulación específica recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público. Y, por otro, en que no aplican, en este caso concreto, los límites de la de la ley de transparencia alegados por el demandante, a saber, los límites del art. 14.1 e) "la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios" y 14.1.g) "las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control".

Así, en contra del primer argumento de la AEAT, la sentencia (Abre en nueva ventana) es clara en confirmar la postura del Consejo de Transparencia: "A juicio de este Tribunal, el precepto transcrito no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el régimen general de acceso a la información contenido en la Ley 19/2013, ni limita o condiciona el acceso a la información que las Juntas de Personal pueden tener en relación con aquellas materias relativas los empleados que representan y la información que les atañe".

Y en relación a la segunda cuestión alegada por el Abogado del Estado, los límites al derecho de acceso a la información, el Alto Tribunal aclara que "no ha quedado justificado que la información solicitada dificulte o impida la represión de ilícitos tributarios o las funciones de inspección, vigilancia y control de la Agencia Tributaria" y prosigue que "la aplicación de los límites al acceso a la información requiere su justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida. Pero lo cierto es que nada de ello se hizo por la Administración afectada, que inicialmente no contestó a la petición de información y cuando lo hizo no se incluía referencia alguna al ahora pretendido peligro para las funciones de inspección y control".

Con esta sentencia, el Tribunal Supremo realiza de nuevo una interpretación amplia del derecho de acceso a la información y, por lo tanto, restrictiva de la disposición adicional primera de la ley y de sus límites. Así, avala por tercera vez, el criterio mantenido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en sus resoluciones. 

Historia del proceso

En febrero de 2016, la Junta de Personal presentó una solicitud de acceso a la información dirigida a la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Valencia, que tenía por objeto conocer los repartos de las bolsas de productividad, baremada por objetivos y por desglose de grupos funcionariales del año 2015 y 2016.

La Agencia contestó a la solicitud de acceso manifestando que para los representantes del personal existía un régimen de acceso especifico a la información, no siendo aplicable por ello la Ley de Transparencia. La Junta de Personal presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno  solicitando la entrega de la información.

El Consejo estimó la reclamación presentada  por considerar que el acceso a la información para Delegados de Personal y Juntas de Personal se rige por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y no solamente por la regulación específica recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público, que tan sólo señala, con carácter general, que dichos representantes de los trabajadores tienen como una de sus funciones la de recibir información sobre la política de personal, así como sobre la evolución de las retribuciones, del empleo y de la mejora del rendimiento.

Todas las instancias judiciales (Juzgado Central contencioso-administrativo, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) han dado la razón al Consejo de Transparencia.

 

Tribunal Supremo. Sentencia 748/2020 sobre el recurso de casación 577/2019 (2455  KB)Icono pdf

Sentencia en apelación nº 53/2018 de la Sala de lo contencioso-administrativo sección 7ª de la Audiencia Nacional (1321  KB)Icono pdf

Sentencia nº 49/2018 Juzgado Central contencioso-administrativo nº4 (399  KB)Icono pdf

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (2196  KB)Icono pdf

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (2)Ventana nueva