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El Consejo

consejo de transparencia

Bienvenidos a la página web del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

La principal meta del Consejo, su razón de ser, es lograr una Administración mejor, más abierta y sobre todo más democrática, caracterizada por la transparencia y el gobierno abierto. Una Administración, en suma, donde no haya esferas de oscuridad.

Esta es una empresa que tenemos que conseguir entre todos. Por eso, desde el honor que supone presidir por primera vez en la historia de nuestra democracia un organismo de estas características, hago un llamamiento a los ciudadanos, las instituciones públicas, las organizaciones, las universidades, la sociedad civil y todos los agentes sociales, para que colaboren con nosotros en conseguir una auténtica revolución en la relación de la Administración con los ciudadanos en la que éstos pasen de ser depositarios a ser propietarios de la información de que disponen los servicios administrativos.

Esther Arizmendi, Presidenta del Consejo

¿Qué es el Consejo de Transparencia?

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada, adscrito, a efectos puramente organizativos, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se rige por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno(Abre en nueva ventana) , así como por las disposiciones que la desarrollan y por su Estatuto, aprobado por Real Decreto 919/2014 de 31 de octubre.(Abre en nueva ventana)

Supletoriamente se rige por:

  • la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
  • por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria;
  • por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas;
  • por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público;
  • por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público;
  • así como por las demás normas que resulten de aplicación.