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27/06/2017

Javier Amorós: "Tenemos un buen nivel de cumplimiento de nuestras recomendaciones y resoluciones"

Javier Amorós, en su intervención

El subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno ha participado esta mañana en el Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, organizado por Forética, en la sede del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y al que han asistido representantes de empresas relevantes de nuestro país.

momento de la intervención de Javier Amorós

El Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad(Abre en nueva ventana) organizado por Forética en la sede del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha contado con la participación de Javier Amorós, subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno del Consejo de Transparencia (CTBG). Este foro se establece como una plataforma de empresas de gran relevancia en España y que tiene como objetivo servir de punto de encuentro empresarial en liderazgo, conocimiento, intercambio y diálogo en esta materia.

En su intervención, Javier Amorós ha explicado las obligaciones de la ley de transparencia para las empresas públicas y privadas, ha expuesto las ventajas de la metodología MESTA y las conclusiones fundamentales del primer ranking oficial de transparencia y ha analizado las claves de la colaboración público-privada para el fomento de la transparencia.

Hay dos tipos de empresas que están sometidas a la ley de transparencia:

  • Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación de las Administraciones o las entidades públicas sea superior al 50%
  • Las entidades privadas que perciban subvenciones públicas por cuantía superior a 100.000 euros.

"Es difícil saber cuál es el censo de empresas que están subvencionadas por más de 100000 euros", ha afirmado Amorós. En España, hay más de tres millones de empresas activas y muchas de ellas reciben subvenciones públicas.  Eso significa que "hay un conjunto de sujetos potenciales obligados a la ley de transparencia muy alto".

En la sesión también se ha explicado la diferencia entre la transparencia obligatoria y la voluntaria (ir más allá de las obligaciones establecidas en la ley). Según Javier Amorós, hay un índice de lo que sí sería bueno publicar por parte de los organismos públicos, a saber: agendas, órdenes del día y acuerdos de los órganos de gobierno, relación de vehículos oficiales, obsequios recibidos, bienes patrimoniales e identidad y trayectoria del personal "de confianza".

Por otro lado, Amorós ha relatado cómo la ley no otorgó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno capacidades coercitivas ni competencias sancionadoras. Aún así "tenemos un buen nivel de cumplimiento de nuestras recomendaciones y nuestras resoluciones; pero nos cuesta mucho trabajo porque hay que estar convenciendo al organismo para que cumpla" ha afirmado el subdirector.

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